Revista La Maza N° 47


EDITORIAL
  En medio del clima funerario que vivía el oficialismo después de la derrota en las elecciones legislativas, el fallo de la Suprema Corte de Justicia contra el Grupo Clarín por la Ley de Medios, fue una bocanada de oxígeno invalorable.
Permitió que sus voceros recuperaran una sonrisa extraviada y que algunos de ellos se ilusionaran con retomar una iniciativa política que, a la luz de los resultados electorales, aparece en otras manos y en otros dirigentes burgueses.
Sin embargo, el dictamen sigue dejando las puertas abiertas a las chicanas de los abogados de esta Corpo, que no se resignará fácilmente a perder los privilegios y las posiciones monopólicas acumuladas a lo largo de décadas transando con el poder político. Pero, en cuanto a la realidad del gobierno, es claro que, una vez que se disipen los vahos del festejo, la contundencia de la relación de fuerzas expresada en las urnas lo volverá a poner a la defensiva y contra las cuerdas.
El resultado electoral ha significado la constatación del agotamiento del kirchnerismo como proyecto de dominación política, autoritario y populista a la vez, al servicio de los grandes capitales. Este proceso de decadencia, iniciado en el 2009, atravesó idas y vueltas y parece, ahora, haber alcanzado un punto terminal. El oficialismo perdió en todos los grandes distritos y en casi todas las grandes ciudades del país. Fue arrasado por Massa en la madre de las batallas, la provincia de Buenos Aires. En la Capital Federal quedó relegado a un tercer puesto, perdiendo los dos senadores que tenía. En Santa Fe y Córdoba, quedaron terceros. En Mendoza quedaron segundos, detrás del destituyente Cobos y en Santa Cruz, su terruño, fueron derrotados por el radicalismo después de décadas de hegemonia. En sólo dos años, el kirchnerismo perdió más de cuatro millones de votos. La licencia de la Presidenta, por sus problemas de salud, fue infructuosamente utilizada para intentar generar un voto solidario con su figura, cosa que estuvo lejos de suceder. Sirvió, en cambio para sacarla de un escenario de derrota, donde la patética figura de Boudou como maestro de ceremonias reflejó, mejor que cualquier análisis, la bancarrota política del gobierno. Sirvió, también para hacer pasar desapercibida ante los ojos del pueblo la nueva agachada de estos progresistas de cartón, poniéndose de rodillas ante el Banco Mundial y ante los que litigaron contra el país en su tribunal (el CIADI), pagándoles juicios indemnizatorios por más de 500 millones de dólares.

EL HORNO NO ESTÁ PARA BOLLOS

Se ha abierto una etapa de transición política, en la que el régimen se apresta a encarar la sucesión del kirchnerismo, con o sin su acuerdo. El problema es que lo hará en el marco de una fuerte retracción económica, desajustes cambiarios, déficit fiscal e insostenibles importaciones energéticas, entre otros obstáculos, lo que transformará los tiempos por venir en un hervidero de maniobras, presiones, corridas, aprietes y convulsiones. La gran burguesía, reunida en el coloquio anual de IDEA, realizado el mes pasado en Mar del Plata, elaboró su plan económico y financiero. El derrotado carece de derechos, parecieran decirle, los dueños del país al gobierno. Por eso aspiran a que sea el kirchnerismo agónico el que se haga cargo del precio de la fiesta y de un feroz ajuste sobre el bolsillo de los pobres. Este verdadero ultimátum ya comienza a dividir aguas dentro del oficialismo, entre los gobernadores, entre los caciques territoriales y en el propio gabinete de ministros. Todos ellos se encuentran en estado deliberativo y todos aspiran a quedarse con algún bote salvavidas cuando venga el inevitable naufragio. Debilitado, el gobierno comenzará a encontrar fuertes resistencias a un autoritarismo huérfano de respaldo y carente de futuro. La reaparición de la Liga de Gobernadores y el protagonismo de Scioli, anuncian el fin del bonapartismo kirchnerista, reducido a su núcleo más duro.
La oposición burguesa es un rejunte de miserias políticas que se alimentan del ocaso oficialista y que no tienen más programa que el ajuste, el congelamiento de jubilaciones y sueldos, el recorte del gasto social, el fin de los subsidios, la devaluación y el tarifazo. Sin embargo, ese programa choca con una realidad social adversa: el grado de organización popular y el estado de ánimo de la población no son propicios para hacer pasar ese trago amargo sin que corra sangre por las calles del país. Eso refuerza las presiones sobre el gobierno para que sea el que se anime a colocarle el cascabel al gato, utilizando sus menguadas herramientas de control y confusión (sus desprestigiados organismos de DDHH, la debilitada burocracia sindical y los mamarrachos territoriales y culturales a sueldo) y recurriendo, si es necesario, a los Berni, Granados, Milani y los aparatos represivos, incluidos los militares. Pero el kirchnerismo, dividido y en derrota, se niega a avanzar frontalmente contra el pueblo porque percibe el riesgo explosivo que entraña la tarea. La expresión electoral de ese clima hostil fueron los millones de argentinos que no votaron o votaron en blanco (el 30 % del padrón) y los casi dos millones de votos de la izquierda legalista, la que recogió la mitad de los votos perdidos por el desacreditado oficialismo. Ello constituye una clara advertencia de los oprimidos a la burguesía y el gobierno contra la aplicación de un ajuste. Sin embargo, a los capitalistas las cuentas no les cierran y cada día les cerrarán menos, por lo que, a regañadientes o a cuenta gotas, el gobierno deberá aplicar el único programa de la burguesía, el de la devaluación y el tarifazo. En las calles y en las peleas por venir se definirá si el régimen logra imponer su receta o si el pueblo movilizado, en la confrontación directa y violenta contra los explotadores, les tuerce el brazo e impone una solución acorde a sus intereses históricos y de clase, abriendo el camino de la verdadera liberación social y nacional, el camino del socialismo y la libertad.

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