Buenos Aires. 18 de Enero del
2016
El sábado 16 de enero fue
detenida, en su vivienda en San Salvador de Jujuy, la dirigente social Milagros
Sala, fundadora y referente de la Agrupación Túpac Amaru. El gobierno del
conservador radical Gerardo Morales dio, así, un nuevo paso adelante en
su ofensiva contra las organizaciones sociales jujeñas, particularmente contra
las encabezadas por Sala. Desde que asumió el gobierno, después de cuarenta
años de peronismo provincial, Morales ha declarado como su prioridad desmantelar
las organizaciones sociales de la provincia, criminalizar su accionar y, de ser
posible, encarcelar a sus dirigentes.
Una de las primeras medidas
adoptadas por el gobernador radical apoyado
por Macri y Massa ha sido suspender los pagos a las cooperativas y a los
trabajadores enrolados en las mismas, intervenir sus cuentas corrientes y
suspender sus personerías jurídicas. El revanchismo social expresado por
Morales está en consonancia con los tiempos que corren en todo el país y que
demoniza a las organizaciones sociales. El caso de la Túpac es emblemático y
puede constituir una prueba y anticipo de lo que se viene. La respuesta de la
organización fue realizar un acampe en la plaza principal de San Salvador, del
que participan miles de adherentes. Desde ese lugar, Milagros Sala exigió,
reiteradamente, un espacio de diálogo y negociación con el gobernador, pedido
que fue enfáticamente rechazado bajo el argumento de que Gerardo Morales "NO NEGOCIA CON DELINCUENTES"
La persistencia del acampe y el
escaso éxito obtenido en el intento de dividir a las cooperativas fue el factor
desencadenante de la persecución en curso. Los cargos que la justicia afín
al gobernador le imputa a Milagros Sala son, habitualmente, excarcelables,
máxime teniendo en cuenta que la dirigente no ha rehuido la acción judicial y
que mantiene residencia habitual en la provincia. Sin embargo, los jueces le
han negado ese beneficio, mientras el gobernador está ampliando los cargos, acusando, al cierre de esta edición, de “encabezar una asociación
ilícita, amenazas y coacción”, entre
otras acusaciones.
Desde las ASAMBLEAS DEL PUEBLO hemos señalado, en reiteradas
oportunidades, nuestro total desacuerdo con el accionar de Milagros Sala y la
Túpac. Hemos sido testigos de su accionar patoteril al servicio del kirchnerismo y del aparato
político del anterior gobernador. Sabemos de sus aprietes, de la persecución a
honrados dirigentes sociales, como el “Perro” Santillán, de sus métodos poco
democráticos y de la escasa transparencia en el manejo de cuantiosos fondos
públicos recibidos con llamativa generosidad. Pero sabemos, también, que la
Túpac construyó casi 10.000 viviendas en la provincia, de manera autogestiva,
mucho más que lo construido por el propio estado; que construyó hospitales,
salas de atención médica y escuelas y que el único tomógrafo que funciona en la
provincia está en su hospital; que alfabetizó y capacitó laboralmente a miles
de humildes y que desarrolló una amplia acción social. A Milagros Sala no la
persiguen por sus desmanejos y autoritarismo, cuestión que, por otra parte
deberá ser juzgado por los trabajadores y el pueblo, sino por ser parte, tal
vez no la mejor ni la más democrática, de ese inmenso proceso de organización y
resistencia popular que se abrió en nuestro país a partir de 2001.
Precisamente, son sus desprolijidades las
que la transforman en vulnerable y en blanco predilecto del ataque de la
reacción capitalista. Por eso es que exigimos la
inmediata liberación de Milagros Sala y el fin de las persecuciones a los
dirigentes sociales, gremiales y políticos que está emprendiendo el gobierno
macrista y sus aliados en todo el país.
Y, más allá del hecho en sí
mismo, hay una serie de conclusiones que resultan claras. La primera es que
esta ofensiva de Morales es inseparable del curso general represivo que ha
adoptado el gobierno de Mauricio Macri y que tuvo sus picos más altos en la
represión a los trabajadores de Cresta Roja y a los municipales despedidos en
el municipio de La Plata. No es casual que Sergio Massa, socio político de
Morales, su correligionario Ricardo Alfonsín y altos funcionarios
nacionales han salido a respaldar la ofensiva represiva en Jujuy. Ese proceso
se inscribe en una política que apunta a que el precio del ajuste caiga
sobre el lomo de los humildes y está en sintonía con los innumerables despidos
que se han producido en apenas un mes de gobierno macrista en todo el país. El
discurso “anti ñoqui”, tan caro a las clases medias gorilas,
encubre un apriete generalizado contra los humildes que se encuadra en el
chantaje que el ministro de Hacienda, Prat Gay, enarbola: “si exigen aumentos de salarios se
quedan sin laburo!”. Por otra
parte, la decadencia y descomposición política del partido radical queda
evidenciada en toda su dimensión con el accionar de sus políticos estrella que
son parte del gobierno. Aguad, encabezando una ilegal ofensiva contra el AFSCA,
Morales persiguiendo pobres y Alfonsín y los suyos justificando el retorno de
la UCR a su histórico rol de partido de los gorilas y la derecha.
Otro aspecto a resaltar es el
papel miserable que han asumido algunos ex dirigentes de izquierda ante
la persecución a Sala. Raúl Castell no pudo disimular su alegría y así lo
expreso en un comunicado de prensa vergonzoso. Humberto Tumini, de Libres del
Sur, otro tránsfuga de la izquierda, declaro que el “no defiende a delincuentes como
Sala”. Uno y otro aportaron su aplauso a la persecución.
Posiblemente ninguno de los dos
haya leído el famoso poema de Bertolt Brecht:
Cuando los nazis vinieron a
buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista.
Cuando encarcelaron a los
socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata.
Cuando vinieron a buscar a los
sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista.
Cuando vinieron a buscar a los
judíos, no protesté, porque yo no era judío.
Cuando vinieron a buscarme, no
había nadie más que pudiera protestar.
COMISIÓN
DE COORDINACIÓN DE LAS ASAMBLEAS DEL PUEBLO